Asturias será el mayor polo industrial destinado a blindados del país con 350.000 metros cuadrados

El Tallerón y el taller de Barros se sumarán a los 198.000 metros cuadrados con los que cuenta en concesión Santa Bárbara en Trubia

EL COMERCIO

Asturias sumará más de 350.000 metros cuadrados destinados a la producción de blindados, una vez que Indra logre adaptar el taller de Barros, en Langreo, y El Tallerón, en Gijón, para esta actividad. Sus 75.000 y 81.000 metros cuadrados, respectivamente, se sumarán a los más de 198.000 de los que dispone la fábrica de armas de Trubia, que controla Santa Bárbara Sistemas, filial de General Dynamics European Land Systems (GDELS). Ninguna comunidad se acerca a estos números. Por ponerlos en contexto, la planta que Indra prevé poner en marcha en As Pontes (Galicia) cuenta con una parcela de 50.000 metros cuadrados, con 15.000 de naves, mientras que las instalaciones de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, rondan los 30.000.

El interés de Indra por Barros se encuentra, en buena medida, en su tamaño, a lo que se suman que tenga las naves ya construidas, de forma que se gane tiempo para poder iniciar la producción lo más pronto posible, y la cercanía con El Tallerón, lo que permitirá aprovechar sinergias y optimizar la actividad. Sin embargo, estas características no han sido suficientes para que la multinacional española de la defensa elevara su oferta y colmara las pretensiones económicas de su propietaria, Duro Felguera, que ha llegado a un principio de acuerdo con el Gobierno del Principado. Será la Administración autonómica la que compre el taller y esta, a su vez, se lo alquilará a Indra.

El Ejecutivo considera que esa operación es una inversión que puede ser amortizable a largo plazo, tanto por las rentas que pagará Indra, como por los beneficios sociales que implicará, por ejemplo en salarios, e incluso en impuestos. No se trataría, deslizan fuentes cercanas a las negociaciones, de un dinero perdido, en referencia también a los seis millones aportados por la Sociedad Regional de Promoción (SRP) al rescate de Duro Felguera y que fueron afectados por la quita, mientras que la aportación de la Administración central, 120 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas, controlado por la SEPI, se mantienen como deuda que la compañía debe devolver.

Con la operación de compra del taller de Barros, que ambas partes desean que se cierre de forma inminente, se desbloquea la posible inversión de Indra en Barros, cuyas instalaciones tendrán que ser sometidas a importantes arreglos. Como ejemplo, El Tallerón, en Gijón, fue comprado hace más de un año y la obra civil para adaptarlo aún prosigue, a pesar de que las instalaciones, aunque con una producción mermada por los problemas de Duro, estaban en funcionamiento.

La necesidad de estas grandes plantas, con superficie exterior asociada, se deriva del proceso productivo en el que se ha especializado Asturias y que ganará importancia en los próximos años, cuando las factorías de Indra echen a andar. Fabricar la estructura de acero de los blindados exige naves gigantescas con puentes grúa de gran tonelaje, fosa de soldadura, túneles de tratamiento térmico y maquinaria pesada de corte, lo que implica un uso masivo de metros cuadrados que no está disponible de forma sencilla.

Recrecido

En El Tallerón hay unos 23.000 metros cuadrados de naves preparadas históricamente para el manejo y mecanizado de calderería pesada de grandes dimensiones, cifra que está aumentando con un recrecido para que todas tengan la misma longitud. En el exterior, con la llegada de la multinacional también se construyó una pista para probar los blindados.

Estas instalaciones fueron adquiridas por Indra a Duro Felguera en julio del año pasado por 3,65 millones de euros para adaptarlas a la fabricación de vehículos militares. No obstante, hay que tener en cuenta que no se trata de una propiedad total, ya que los terrenos pertenecen realmente a la Autoridad Portuaria de Gijón y Duro Felguera contaba con una concesión administrativa del suelo hasta 2033. Al formalizar la compra de las naves y la maquinaria, Indra se subrogó legalmente esa concesión, que puede extenderse, ya que no se espera que para entonces el programa de blindados se haya finalizado.

Mientras, las negociaciones por el taller de Barros se remontan meses atrás. EL COMERCIO desveló en enero de este año que la compañía buscaba una segunda ubicación para fabricar blindados porque El Tallerón se iba a quedar pequeño. Sin embargo, pocas instalaciones encajaban con sus demandas. De ahí que Duro e Indra iniciaran unas negociaciones que, como se pudo constatar después, fueron infructuosas ante las distintas pretensiones de cada compañía. La centenaria ingeniería asturiana pedía más de quince millones y la compañía de la defensa ofreció de inicio menos de cinco. A pesar de las conversaciones, el acuerdo fue imposible.

Hay que tener en cuenta, además, que las instalaciones están pignoradas por un valor estimado de unos 10 millones de euros, como garantía por un pleito de Duro Felguera con la Agencia Tributaria. Sin acuerdo sobre el precio, el Principado ha accedido a comprar el taller para después alquilárselo a Indra, para lo que necesita también el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

El Ejecutivo asturiano tomó la decisión después de explorar otras alternativas, entre ellas, la expropiación, con la que se llegó a amenazar a Duro Felguera, aludiendo a la posibilidad existente en la ley de Proyectos Estratégicos de Interés Regional (PIER) con la que se están tramitando los planes de Indra.

Una vez constatado el bloqueo en las negociaciones entre las empresas, el Gobierno era consciente de que no podía permitir que la región perdiera esta posibilidad, lo que hubiera supuesto un fuerte golpe para la economía asturiana, necesitada de grandes iniciativas empresariales mientras los proyectos de descarbonización se hacen esperar; para la planta de El Tallerón, que podría verse afectada por la falta de las sinergias esperadas, y también para la imagen del propio Ejecutivo, que encara la última fase de la legislatura, con elecciones en menos de un año, sobre todo, tras el anuncio de que Indra iba a poner en As Pontes (Galicia) su segunda planta de blindados.