Llora, Asturias, por tus hijos y nietos

El abogado chileno Manuel Llaneza Jove, exdirectivo de distintas entidades de asturianos en el exterior, afirma que la reciente decisión del Supremo "no es un tecnicismo inocuo, es una herida abierta sobre una memoria que muchos creíamos que el país ya había empezado a cicatrizar"

LA NUEVA ESPAÑA

El reciente auto del Tribunal Supremo que suspende los efectos electorales de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la llamada “ley de nietos” no es un tecnicismo inocuo. Es una herida abierta sobre una memoria que muchos de nosotros, los que llevamos décadas trabajando por y con los emigrantes y sus descendientes, creíamos que el país ya había empezado a cicatrizar.

Los jueces no estuvieron en las casas de aquellos asturianos que salieron de prisa, a veces de noche, con el miedo en la garganta. Ese miedo concreto a la detención arbitraria, al juicio sumarísimo, a la desaparición o a la muerte sin proceso. Miles cruzaron el océano no por aventura ni por ambición, sino porque quedarse equivalía a arriesgar la vida. Muchos no pudieron llevar ni los papeles más elementales. Otros dejaron atrás a padres, madres, esposas o hijos que nunca volvieron a ver.

¿Sabrán Sus Señorías que las mujeres españolas perdían la nacionalidad solo por casarse con un extranjero?, ¿lo consideran justo?. Aun así, muchas de ellas siguieron transmitiendo a sus hijos y nietos el cariño por la tierrina, el idioma, las canciones y la memoria de un país que las había dejado sin familia, sin esperanzas, y sin papeles. Esos mismos descendientes son los que ahora ven suspendido el derecho a votar como españoles reconocidos. La nacionalidad no se les quita, pero se les cercena uno de sus efectos más esenciales: la participación política.

Quienes fundaron centros asturianos, sociedades de ayuda mutua y casas de España en América lo hicieron precisamente para no romper el vínculo. Trabajaron de sol a sol en minas, fábricas y campos ajenos para que sus hijos pudieran seguir sintiéndose parte de algo. Esa lealtad no merecía ser puesta bajo sospecha electoral.

El auto del Supremo distingue entre quienes pueden acreditar documentalmente el exilio y quienes se acogieron a una presunción. En la práctica, para muchas familias el documento exacto nunca existió o se perdió en la huida o se les negó por diplomáticos que ejercían más de censores políticos que de protección al ciudadano. Pedir ahora esa prueba como condición para ejercer un derecho político es exigir lo imposible a quienes ya pagaron un precio demasiado alto.

Esto no es una cuestión de ideologías. España está donde esté un español. Cuando se trata a los nietos de quienes se vieron obligados a partir como un posible peligro para la “objetividad” de las elecciones, se envía un mensaje claro: el país de sus antepasados los mira con recelo. Y quienes sienten ese recelo no volverán. La que pierde es España.

Recuerdo a una mujer nonagenaria, de las muchas que aún quedan, que contaba en televisión ¡hablando en susurros! que la fosa donde tiraron el cuerpo de su madre ahora era una carretera. Esa suma injuria no se repara con tecnicismos. Se repara reconociendo, de verdad, a quienes llevaron la memoria de Asturias y de España a medio mundo.

Pido a los de aquí y a los de allá que condenen con firmeza esta resolución. No se lo pido a los de acullá que accionaron contra la ley por razones espurias, por cálculo político, sino a quienes entienden que el miedo de entonces no puede seguir condicionando los derechos de ahora. Que Sus Señorías miren más alto, más allá de la contingencia, y reconsideren. Por el bien de España y por respeto a quienes nunca fueron culpables de lo que sufrieron sus padres y abuelos. Asturias debiera llorar. Y con razón.